Cuarenta y ocho horas pasaron desde que se publicó la nota del periódico The New York Times que relacionaba al entonces Gobernador de Nueva York Eliot Spitzer con una banda de prostitución hasta que renunció a su cargo.

No pasaron ni 24 horas desde la publicación de la nota para que se parara frente a las cámaras y diera una disculpa pública a su familia y al pueblo que gobierna.

No se han presentado denuncias formales donde se le acuse de haber violado alguna ley. No han salido a la luz los contratos de prestación de servicios sexuales que celebró con "Kristen", ni ha confesado en televisión nacional haberlos celebrado. Tampoco le ha pedido su renuncia el líder de la Cámara Baja del Congreso norteamericano ni se han formado comisiones legislativas para analizar la licitud de su conducta.

No han salido al aire grabaciones donde lo llamen "precioso" ("Cliente número 9" no tiene el mismo caché) ni que lo incriminen de tratar de alterar el aparato de justicia para favorecerlo o desaparecer las investigaciones que lo hicieron renunciar. Tampoco ha sido acusado de violaciones graves a las garantías individuales de un ciudadano ante la Suprema Corte de su nación.

Mucho menos tuvo que morir un camarógrafo extranjero para suscitar su renuncia. Los niños neoyorquinos no perdieron el año escolar, ni la población del estado sufrió los estragos de una huelga general o levantamiento popular alguno. Tampoco se discutió la posibilidad de declarar la desaparición de poderes en Nueva York en el Senado estadounidense.

Sin embargo, Spitzer renunció. En 48 horas. Renunció porque pensó que era lo correcto. Tenía que renunciar, debía renunciar. Ignoro si pensó que era lo moralmente correcto. Pero no erró al pensar que políticamente era lo mejor.

La estrepitosa caída del ex Gobernador demócrata neoyorquino, nombrado como presidenciable para el 2012 por muchos analistas políticos, es asombrosa. No lo es tanto por su contenido jurídico penal, de escasa importancia para el análisis, sino por su contenido político y social.

Eliot Spitzer tenía apenas 16 meses en el cargo de Gobernador del Estado de Nueva York. Arribó a la Gubernatura con una amplia mayoría de los votos después de haberse hecho un nombre en la política como procurador de justicia estatal y previamente fiscal de distrito en Manhattan.

En la procuración de justicia atacó con celo e ingenio a la corrupción pública y privada, conflictos de interés de las grandes firmas de Wall Street, delitos de cuello blanco y a la delincuencia organizada. La prensa le apodó "Eliot Ness" y el "Sheriff de Wall Street". Era un cruzado del bien común.

Es increíble cómo un abogado tan brillante, avezado en este tipo de investigaciones, que en su momento él había encabezado, fuera descubierto. No quiero tocar si quiera el tema de la incongruencia entre su actuar público y su vida privada.

Lo trascendente del caso, en mi opinión, para nosotros como mexicanos, es la diferencia -perceptible por muchos lectores- entre el resultado de este escándalo y otros sucedidos (o sucediendo) en tierra mexicana. ¿Por qué la diferencia>

Para empezar, la investigación que descubrió su participación como cliente de una banda de prostitución se inició porque su banco informó las transferencias de dinero que consideró sospechosas a las autoridades hacendarias. Lo anterior en cumplimiento de las normas establecidas para combatir el lavado de dinero.

Estas autoridades, a su vez, notificaron a la unidad anticorrupción del FBI cuando descubrieron que las cuentas bancarias estaban ligadas al Gobernador. El FBI, por su parte, inició dos averiguaciones distintas, por un lado, el posible desvío de fondos del Gobernador y, por el otro, la investigación de las actividades criminales de la banda de prostitución.

Finalmente, las ligas del Gobernador con una prostituta, exhibidas en la consignación de la averiguación penal, salieron a la luz pública y en 48 horas renunció a su cargo.

¿Se imaginan eso pasando en México> Contestemos las siguientes preguntas y encontremos la diferencia:

1. ¿Informaría un banco, conforme a la legislación vigente, las actividades sospechosas de un Gobernador u otro cliente influyente en lo político o económico a la SHCP sin consultarlo con él primero>

2. ¿Harían la investigación correspondiente las autoridades hacendarias sin notificar al investigado o a los medios>

3. ¿Concluiría la investigación correspondiente la Procuraduría antes de avisar al Gobernador o a sus contrincantes políticos que estaba involucrado>

4. ¿Condonaría la sociedad un actuar distinto>

Por José Alejandro González Garza / El Norte / REFORMA