Artículo de Sergio Sarmiento en el periódico Reforma, 3 de marzo de 2014

Cuántas veces hemos visto en los últimos meses la realización de operativos policiales en la ciudad de México en que las autoridades nos dicen que han "rescatado" a mujeres sometidas a trata. El problema es que estas "ingratas" mujeres protestan, dicen que no quieren ser "rescatadas", afirman que no están ejerciendo la prostitución o que, si lo hacen, es por voluntad propia.
No es fácil para estas mujeres cuestionar a los policías que supuestamente las rescatan. Fernanda, una mujer que trabajaba como bailarina en el clausurado Solid Gold de San Ángel, me dijo la semana pasada en entrevista radiofónica que las autoridades las obligan a declarar en contra de sus empleadores y compañeros de trabajo. Si no declaramos como nos dicen, "pasamos de ser víctimas a cómplices". Y ser considerado cómplice tiene un costo muy alto. Las penas por "trata" se elevan a 30 años de cárcel, que suelen acumularse a otros delitos para llevar a totales de 40 o 50 años.
La enorme mayoría de quienes han sido detenidos por el supuesto delito de trata son personas humildes: meseros, personal de seguridad, boleteras (mujeres que venden boletos para los bailes en un table-dance), personal de limpieza y las bailarinas o prostitutas que no han querido testificar en contra de sus compañeros y son convertidas en "cómplices". También son detenidos los administradores de los lugares en que se llevan a cabo los operativos. La ley está hecha para sancionar a inocentes ya que castiga no sólo la "acción" sino también la "omisión dolosa". Si la trabajadora de limpieza no denuncia la trata, aunque no haya trata, es considerada cómplice y tendrá que pasar el resto de su vida en la cárcel.

Las autoridades capitalinas tienen además un incentivo perverso para los operativos contra la trata. La ley de extinción de dominio les permite quedarse con los predios en que operan los centros de diversión o de prostitución. Es una forma fácil de hacerse de recursos y propiedades.

La nueva ley contra la trata promulgada en 2012, que ahora está siendo endurecida con una iniciativa aprobada por el Senado y enviada a la Cámara de Diputados, busca incluso acabar con la pornografía al establecer penas de hasta 30 años de cárcel a quien se beneficie de ella.

Nadie podría cuestionar una ley que realmente combatiera la trata, esto es, la privación ilegal de la libertad de una persona para obligarla a prostituirse. Pero esta práctica estaba prohibida desde antes. La nueva legislación quiere ir mucho más allá: combatir la prostitución, el baile erótico, el masaje con final feliz, la pornografía o simplemente la inmoralidad sexual.

El 25 de septiembre de 2013 narré el caso de Juan Antonio Alonso Santos, un hombre de 58 años de edad que enfrenta una posible condena de 53 años, equivalente a cadena perpetua, por el delito de administrar un hotel de paso. Cientos de otros casos me preocupan también, sobre todo los de meseros, guardias, boleteras y demás empleados de los centros de table-dance u hoteles que pasarán el resto de su vida en la cárcel sin haber hecho daño a nadie.

Hoy los establecimientos de table-dance en el Distrito Federal, una ciudad que se preciaba de ser progresista, han tenido que cerrar sus puertas. Cientos de personas han perdido sus empleos. Fernanda, la bailarina con la que hablé en mi programa de radio, se ha visto obligada a irse a Baja California para seguir manteniendo a su hija porque no lo puede hacer ya en la ciudad de México. Los moralistas que promovieron la legislación sobre trata con el apoyo de autoridades federales y capitalinas pueden estar satisfechos. Están imponiendo sus reglas morales a la sociedad.